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Esta cifra incluye subvenciones aprobadas y no pagadas, así como facturas por entrega o prestaciones de bienes o servicios efectuados por organizaciones del tercer sector de la discapacidad, vencidas y no abonadas.

De esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con centros especiales de empleo (empresas cuya plantilla está integrada por al menos un 70% de trabajadores con discapacidad), tanto en concepto de subvenciones no satisfechas como de facturas no pagadas.

Los retrasos y aplazamientos en los pagos de estas obligaciones contraídas con entidades de la discapacidad llegan en algunos casos a los 24 meses, con la consiguiente asfixia financiera para este tipo de organizaciones de iniciativa social.

En cuanto a la financiación procedente de las obras sociales de las cajas de ahorro, las entidades de la discapacidad han apreciado una rebaja media superior al 50% en el último año respecto de lo que venían recibiendo en años anteriores, menores ingresos que agudizan la precariedad de las estructuras del sector de la discapacidad.

Ante esta situación, que pone en peligro la continuidad de buena parte de los servicios, recursos y dispositivos de atención a personas con discapacidad que mantiene esta parte del tercer sector, el CERMI exige a los responsables políticos una actuación inmediata que lleve al abono de las cantidades acumuladas y un compromiso firme para que en el futuro se regularicen los pagos y no se generen estas bolsas de deuda